Hasta 175 años de cárcel. Esa es la condena que podría recibir Julian Assange en caso de ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, debido a una petición de extradición que presentó Estados Unidos.
En este país, el activista sería juzgado por el delito de espionaje y podría ser condenado a una cifra de años que equivale en la práctica a la cadena perpetua, con un enorme riesgo de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado, una práctica que va contra de la prohibición de infringir tortura y otros malos tratos, pero que es frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos.
Ademas, las garantías que ha ofrecido la administración estadounidense a Reino Unido de que Assange recibiría un trato justo están plagadas de irregularidades y podrían ser revocadas en cualquier momento. El hecho de que la CIA considerara la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador pone en entredicho cualquier anuncio que se haga en este sentido.
El caso Assange, una amenaza a la libertad de prensa
Julian Assange está acusado de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de Estados Unidos. Sus actividades son propias del periodismo de investigación y no deberían castigarse: la persecución de Julian Assange es por tanto un ataque a la libertad de expresión.
Los documentos que hizo públicos apuntaban a posibles crímenes por parte de Estados Unidos y fueron verificados por medios de comunicación de prestigio internacional como The New Yok Times, Le Monde, Der Spiegel o El País que contribuyeron a su difusión. Pero es Assange el que ha tenido que afrontar una denuncia por su publicación.
En caso de producirse, la extradición de Julian Assange para enfrentarse a acusaciones de espionaje por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo.
¿En qué situación se encuentra ahora Assange?
El activista y periodista australiano lleva casi once 11 años encerrado, primero en la Embajada de Ecuador en Londres donde obtuvo asilo, y desde abril de 2019 en una cárcel del Reino Unido, donde espera la decisión de si se será finalmente extraditado a Estados Unidos.
Un tribunal británico ya ha dicho que el estado de salud mental de Julian Assange es frágil, que lleva muchos meses recluido en la prisión de máxima seguridad y que podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes. Aún así, Reino Unido llegó a firmar su extradición, una decisión que está a la espera de ejecutarse, o no, cuando se resuelva la apelación que presentó su defensa.
Amnistía Internacional pide al presidente de EE.UU la retirada de todos los cargos contra Assange. Una petición que solo en España ha contado con el apoyo de más de 187.000 firmantes y que la organización confía en que el que presidente Sánchez también traslade a Biden en su inminente visita a la Casa Blanca.
Además de la situación de Julian Assange, a través de un carta dirigida al Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Amnístia Internacional le ha hecho llegar a Sánchez las siguientes preocupaciones sobre los derechos humanos en Estados Unidos con el fin de que pueda abordarlas en su encuentro con el mandatario estadounidense.
Migración y asilo
El gobierno estadounidense ha dado recientemente pasos positivos en política migratoria como las medidas para ampliar las opciones de reunificación familiar y las vías de solicitud de permisos humanitarios. Sin embargo, la administración de Biden ha aprobado medidas que penalizan la solicitud de asilo en su frontera sur, al tiempo que el plan para agilizar aún más el proceso de expulsión acelerada dará lugar con mucha probabilidad a la devolución de personas a lugares donde corren peligro. Ambas decisiones infringen el derecho internacional.
Ante esta situación, Amnistía Internacional reclama al gobierno estadounidense que permita realizar las solicitudes de asilo desde lugares seguros, con acceso a asesoramiento jurídico, y no obligar a que se presenten desde instalaciones fronterizas o centros de detención.
Control de armas
En los dos últimos años, 2021 y 2022, más de 91.000 personas perdieron la vida en Estados Unidos debido a la violencia armada y se registraron 1.338 matanzas. Solo entre enero y finales de abril, las armas de fuego han provocado más de 13.000 víctimas mortales y 10.000 heridos.
Marie Delus sostiene una foto de su sobrino Pierre-Paul Jean-Paul Jr., víctima de la violencia con armas de fuego, mientras asiste a una ceremonia de firma de un proyecto de ley que promulga un paquete de proyectos de ley sobre el control de armas en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York, EE. UU., Junio 6, 2022. REUTERS/Brendan McDermid
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las iniciativas adoptadas por el presidente Biden para abordar este asunto. Por ello, le reclama que siga trabajando con el Congreso para aprobar una ley que prohíba portar armas de fuego en público, ofrecer financiación para programas eficaces de prevención de la violencia armada y la prohibición de las armas de asalto.
Asimismo, Amnistía Internacional pide al gobierno español que deje de autorizar exportaciones a Estados Unidos de armas de fuego y armas de caza y tiro deportivo por su alto índice de violencia armada, de acuerdo a las normativa de la Unión Europea y las recomendaciones del Congreso español en este sentido.
Derechos reproductivos
El aborto está total o casi totalmente prohibido en unos 24 estados de Estados Unidos, prácticamente la mitad del país. Aunque el Presidente Biden ha tomado algunas medidas al respecto, Amnistía Internacional pide que se adopten iniciativas para garantizar la protección de los derechos reproductivos en Estados Unidos: la aportación de recursos para ayudar a las personas que necesitan de servicios de aborto, el acceso al aborto para personas de bajos ingresos, así como medidas para regular la censura que imponen empresas tecnológicas como Meta, Google y Twitter a la información online sobre el aborto.
Leonard Peltier y los derechos de la población indígena
Amnistía Internacional reclama desde hace años el indulto de Leonard Peltier, activista indígena americano que lleva más de 46 años encarcelado, algunos de ellos en régimen de aislamiento, cumpliendo dos cadenas perpetuas por asesinato a pesar de las dudas sobre la imparcialidad de su juicio. Peltier, de 78 años, siempre ha mantenido que es inocente. Existen serias preocupaciones sobre su salud, y se teme que, en caso de no ser indultado, podría morir en prisión. Por ello, Amnistía Internacional reclama al Presidente Biden el indulto de Leonard Peltier.
Los pueblos indígenas se encuentran entre las comunidades que sufren más directamente el impacto del cambio climático. En Estados Unidos, una de las cuestiones más preocupantes es el impacto de grandes infraestructuras y proyectos energéticos en los territorios donde habitan estas comunidades. Por ello, la organización pide al Presidente Biden el pleno respeto por los derechos de los pueblos indígenas, aplicando principios de justicia climática y asegurando que se respeta el consentimiento libre, previo e informado de los grupos afectados antes de aprobar cualquier proyecto de gran escala que afecte sus territorios.
Pena de muerte: 2.000 vidas en juego
La lucha contra la pena de muerte es una prioridad para la política exterior del gobierno español y Biden es el primer presidente estadounidense que se ha declarado abiertamente partidario de abolir la pena capital. Por ello, es fundamental que este sea uno de los temas a tratar con el mandatario.
Estados Unidos es uno de los países que aplican la pena de muerte con mayor frecuencia. Aunque crece el número de estados que ha abolido esta medida, hay más de 2.000 personas que se encuentran en el corredor de la muerte en los 27 estados que todavía la mantienen.
Una de ellas es Rocky Myers, un hombre negro condenado a muerte por un jurado formado casi exclusivamente por personas blancas. No había pruebas que le vincularan a la escena del lugar donde se produjo el asesinato por el que fue condenado. Además, Myers sufre una discapacidad intelectual desde su infancia y su derecho a apelar la condena se vio afectado por el abandono de su abogado de oficio. Amnistía Internacional ha pedido su indulto a la Gobernadora de Alabama.
Cierre de Guantánamo
Tras cumplirse 21 años de la apertura del centro de detención en Guantánamo, ilegal desde el primer momento, aún quedan 30 hombres recluidos. Ninguno de los presos ha recibido un juicio justo, la mayoría de ellos no ha sido acusados de delito alguno, y siguen recluidos de forma indefinida en lo que constituye una violación del debido proceso legal y otras normas de derechos humanos. Muchos además han sido sometidos a tortura.
Amnistía Internacional exige la transferencia inmediata de todas aquellas personas a quien ya se ha dado la luz verde así como el cierre inmediato, y definitivo, de este centro de detención.
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