La desaparición forzada es uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra un ser humano y sus seres queridos. No prescribe, y está perseguido por el Tribunal Penal Internacional, pero sigue a la orden del día en muchos países a manos de agentes del Estado o de grupos armados.
Siham Sergiwa fue violentamente secuestrada de su domicilio en Bengasi (Libia) el 17 de julio de 2019 por decenas de hombres armados, enmascarados y con indumentaria militar. Los atacantes golpearon a su hijo de 16 años y dispararon a su marido en la pierna antes de llevársela. La autoridad de facto de la zona es el Ejército Nacional de Libia, y no les gustó que la noche de antes Siham pidiera públicamente el fin de una ofensiva.
Rushan Abbas, activista uigur en Estados Unidos habló con los medios de comunicación para denunciar la detención de uigures en la región de Sinkiang en China. Más de un millón de personas podrían estar retenidas, sin que sus familias sepan nada sobre su situación. Tras su denuncia, fue su hermana Guishan Abbas, médica jubilada, quien sufre desaparición forzada desde 2018. Se cree que podría estar en un centro de "transformación a través de la educación", pero no se tiene información oficial. La salud de Guishan era muy delicada.
Facundo Astudillo Castro, de 22 años desapareció en la provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020. La policía le arrestó por incumplir la cuarentena impuesta por la COVID-19. Las contradicciones en los relatos policiales y otros testimonios dan pie a pensar que los agentes de policía están implicados. El 2 de julio, su familia presentó una denuncia ante la justicia federal para que se inicien investigaciones sobre su desaparición.
Siham, Ghishan y Facundo son solo algunas de las miles de víctimas de desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer contra las personas. Según el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2019 estaban abiertos 45.811 casos de desaparición en 92 países. Irak, Sri Lanka, Argelia, Argentina, Guatemala o Perú son algunos de los países que cuentan con más casos registrados en la base de datos de este Grupo, que aunque no es exhaustiva, sí da una idea de la dimensión del problema. A lo largo y ancho del planeta, personas de todas las edades y condiciones siguen desaparecidas y continúan desapareciendo a manos de agentes del Estado o de grupos armados, unas veces durante días, otras durante años, otras no vuelven jamás. Nadie responde por ellas. Cada 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para que sus casos no caigan en el olvido.
En Amnistía Internacional llevamos décadas trabajando por las personas desaparecidas, denunciando casos, como el de Aser Mohamed en Egipto, o la situación en Bielorrusia, Ucrania o Libia, apoyando a las víctimas y pidiendo cuentas a autoridades y grupos armados. No es una tarea fácil, en esta página explicamos con más detalle qué hacemos.
Desaparecen quienes luchan
En muchos países las fuerzas de seguridad están implicadas en secuestros y desapariciones forzadas de personas consideradas “incómodas” por las autoridades, aunque los grupos armados también son responsables de un buen número de ellas: personal humanitario, abogados, periodistas, líderes sociales, personas de la oposición, que expresaron críticas contra el Gobierno, o que fueron detenidas en el lugar de aquellos a quienes las autoridades buscaban.
México sigue siendo el país con mayor cifra de desaparecidos en América. Según las autoridades federales, a finales de 2019 había al menos 61.637 personas desaparecidas. Cada día desaparecen siete menores, reclutados por los narcos como mano de obra o como sicarios, según la Red por los Derechos de la Infancia en México. En 2019, más de 1.200 mujeres desaparecieron en los estados de Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, víctimas de trata o explotación laboral y sexual, según el Registro Nacional de Personas Desparecidas. La relatora de Naciones Unidas documentó desapariciones de menores indígenas en Chihuahua, Guerrero o Chiapas. Indígenas como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o como los miles de migrantes (lencas, garífunas) de Honduras y Guatemala, cuya desaparición denuncian familiares y organizaciones, y que ni siquiera figuran en las estadísticas oficiales.
También en América Latina, Honduras y Perú siguen sumando nuevos casos de desapariciones ocurridas incluso durante la cuarentena. En el caso de Perú hay cerca de 900 denuncias de desapariciones de mujeres y adolescentes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en Colombia, pese a la firma del acuerdo de paz en 2016 y la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas, las más de 80.000 familias de víctimas de desaparición forzada entre 1958 y 2018 siguen esperando justicia. Solo entre enero y agosto de 2019, hubo un total de 2.713 casos de personas desaparecidas.
En África, los conflictos activos en varios países como Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo o la República Centroafricana, o la actividad de grupos armados en Somalia, Camerún, Nigeria o Malí se han traducido en gravísimos abusos contra la población, entre ellas desapariciones forzadas. En casos como el de Tanzania, entre otros, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en secuestros y desapariciones de personas críticas con el Gobierno.
En Asia, China sigue llevando a detenidos a lugares desconocidos. En la región autónoma de Sinkiang, más de un millón de personas uigures, kazajas y de otras etnias predominantemente musulmanas son sometidas a palizas, torturas, privación de alimentos, trabajos forzosos y reclusiones en régimen de aislamiento total. Sus familias ignoran dónde están, su estado físico o mental, e incluso si siguen vivos. También se han documentado desapariciones en Pakistán, Vietnam,Tailandia, Corea del Norte o Myanmar.
En Europa, seis hombres acusados de vínculos con el movimiento de Fethullah Gülen desaparecidos bajo custodia policial en febrero del año pasado en Turquía ha ido apareciendo, pero sigue sin conocerse la suerte y el paradero de un séptimo hombre, Yusuf Bilge Tunç, desaparecido hace más de un año. En el marco del conflicto armado en Ucrania sigue sin esclarecerse la práctica de detenciones secretas por ambos bandos denunciada por Amnistía Internacional.
En Egipto, la desaparición de personas detenidas es una práctica habitual por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente entre activistas de derechos humanos o personas consideradas contrarias al actual gobierno de Abdelfatah al Sisi. En Yemen, las partes en el conflicto utilizan las desapariciones forzadas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí.
Irán, con más de 16.000 casos investigados por la ONU, también suma a los desaparecidos en la masacre de 1988 otros casos recientes de personas detenidas durante tras las protestas del pasado invierno, cuando el Gobierno anunció la subida del precio de los combustibles.
En Siria, más de 100.000 personas que siguen en paradero desconocido, según la Red Siria de Derechos Humanos, después de que comenzara el conflicto en 2011. En muchos casos familias enteras.
Lo que duele la búsqueda
Detrás de cada desaparición hay una familia que busca y sufre un tormento permanente. Cada día, los familiares de las personas desaparecidas despiertan preguntándose dónde están sus seres queridos. Sin conocer la verdad, tampoco pueden pedir justicia ni hacer duelo por la pérdida. Con frecuencia la búsqueda de la verdad representa un gran peligro, pero no dejan de intentarlo.
En todo el mundo hay miles de personas que luchan para que sus seres queridos no caigan en el olvido. Muchas veces quienes encabezan esta lucha por la rendición de cuentas son mujeres, esposas, madres, hijas. En países como Sri Lanka, muchas mujeres han alzado la voz y son las que impiden que sus seres queridos queden invisibilizados.
En España, aunque no hay cifras oficiales, miles de personas fueron enterradas en fosas comunes tras la Guerra Civil. Algunas estimaciones hablan de hasta 114.000 personas. Sus familias siguen buscándolas, y si bien el Estado tiene la obligación de apoyarlas, hasta ahora las exhumaciones recaen mayoritariamente en los esfuerzos y en los recursos económicos de los familiares. Desde Amnistía Internacional seguimos reclamando que se impulsen activamente investigaciones en nuestro país sobre estas violaciones de derechos humanos del pasado.
Hacer un mundo cada día más humano pasa por erradicar la práctica de las desapariciones, conseguir que las personas que siguen retenidas sean liberadas, tengan una reparación y que los responsables de este crimen atroz respondan ante la justicia.
